Introducción

Desde el inicio de la humanidad, el ser humano procuró su educación de manera empírica, como vía de supervivencia; ésta estaba dirigida a preparar al individuo para el ejercicio práctico de las funciones que le correspondían en la comunidad.

Con el desarrollo social logrado a través de los siglos, la actividad educativa se ha ido complejizando; lo que exige, dentro de una sociedad democrática, de la participación ciudadana como un pilar fundamental para alcanzar una educación de calidad que responda a los intereses de todos los sectores que la integran.

Razón por la cual, al hablar de educación en un sistema democrático es necesario hablar de políticas públicas que involucren a la población; tanto en el diagnóstico de la realidad y necesidades educativas del país, como en el proceso de implementación y control. Es importante conocer el impacto de dichas políticas en el sistema educativo para poder adoptar acciones que permitan redireccionarlas, en el caso necesario, hacia el cumplimiento de los fines propuestos.

La participación ciudadana en las políticas educativas es necesaria, por ser la educación esencial para el desarrollo de un país en los diferentes ámbitos: sociales, culturales, económicos y políticos; sin embargo, en la praxis se observa poca intervención y desidia de la ciudadanía (^{Siliézar, 2017}), situación influenciada por múltiples factores, económicos, culturales, geográficos y políticos.

Además, en muchas naciones es el Estado quien decide estas políticas, siendo omitida la participación ciudadana, sin considerar que de éstas depende el futuro de la sociedad. Realidad que motivó este trabajo con el objetivo de analizar la participación ciudadana en la gestión de las políticas educativas ecuatorianas.

Desarrollo

Las políticas públicas son una respuesta a las necesidades y situaciones problemáticas del Estado por mejorar los servicios públicos de la ciudadanía, tales como: transporte, salud, seguridad pública, servicios tributarios, educación, entre otros (^{Barraza & Barraza, 2016}). Estas son “el instrumento idóneo para vincular los esfuerzos privados y gubernamentales a favor de las metas colectivas” (^{Vargas, 2015}, p. 7). Luego éstas se originan por la necesidad social de satisfacer algún tipo de servicio público de la comunidad, que atañe tanto al sector gubernamental como al privado.

Por su parte, ^{Jara (2015}), las concibe como una guía que orienta la prioridad y voluntad política del gobierno, para modificar una situación determinada. Estas prioridades son contempladas en legislaciones que comprometen a las instituciones gubernamentales y sociales, así como a la ciudadanía, a cumplir con los derechos humanos y ambientales, para satisfacer las necesidades de la sociedad a mediano y largo plazo.

^{Molina (2017}) considera las políticas públicas, como instrumentos, que “fortalecen la actividad y la gestión del Estado” (p. 65). Estas, deben contar con una planeación juiciosa y han de responder a una necesidad vigente. Para lograrlo, un elemento fundamental que toda política pública debe contener es el valor u objetivo que se va a preservar.

En general estos enunciados se refieren como políticas públicas a las normativas que establece el estado para dar solución a los problemas sociales; cuando estas políticas públicas son relativas al ámbito educativo se denominan políticas educacionales, las mismas proveen la dirección de las actividades con fines pedagógicos.

Las políticas públicas en el plano educativo son las leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que dan forma a la doctrina pedagógica y fijan los objetivos, así como los procedimientos necesarios para alcanzarlos; estas normas tienen el fin de resolver problemas específicos de la educación.

Por su parte, ^{Chávez (2018}), las considera un conjunto de procesos implementados por la autoridad educativa competente y legítima, encaminados a solucionar problemáticas del sector y lograr objetivos que política o moralmente constituye una necesidad o un deseo para la sociedad o el Estado.

Del análisis de los enunciados anteriores queda claro que estas políticas son un proyecto estatal para gestionar a través del gobierno y la administración pública la solución a los problemas y las necesidades educativas de la sociedad; asimismo organizan la actividad educacional y en particular la vida interna en las instituciones educacionales (^{Espinoza, Toscano & Torres, 2018}).

En el contexto ecuatoriano, ^{Benito Gil (2015}), las considera como instrumentos del Plan Nacional para el Buen Vivir, dándole connotación de manifestación democrática, que precisan de la participación social.

El aprendizaje es una actitud inherente a la especie humana; desde su surgimiento el hombre procuró conocer las razones de las cosas que acontecían a su alrededor a través de la observación; adaptando a su realidad los hechos acontecidos en la Naturaleza y transmitiendo a los demás las experiencias prácticas acumuladas.

Esta actividad se fue perfeccionando con el devenir del tiempo, llegando a ser una actividad intencionada que responde a intereses sociales. Ejemplo de ello lo encontramos en la Edad Antigua, etapa donde sobresalen las culturas india, china, egipcia y hebrea, donde el concepto de educación, contenidos y agentes educativos responden al contexto histórico, religioso y cultural en estas antiguas civilizaciones. Durante el primer milenio a. C. se desarrollan las diferentes paideias griegas; el mundo romano asimila del helenismo las experiencias del campo docente.

Respecto a la participación ciudadana en las políticas públicas, se puede observar sus antecedentes en estas civilizaciones antiguas; sus miembros se comenzaron a organizar democráticamente en Atenas, cerca del año 500 a.C. El nacimiento de la democracia propició la participación ciudadana denominada polis como asamblea del pueblo, pero en ésta sólo participaban los hombres, dejando el 75% de la población (mujeres, esclavos, extranjeros) fuera de cualquier decisión. Estas políticas a pesar de llamarse democráticas, a través del tiempo han marcado el interés del pensamiento de un grupo cuyo poder ha influido en los sistemas educativos.

En la Edad Media, con la llegada del final del Imperio Romano occidental, se asume el legado de los clásicos en el campo educativo, mediado por la doctrina cristiana, que fue expandida por las tierras del antiguo imperio. En el siglo XVI, en la etapa del Renacimiento se origina una nueva concepción educativa, la humanista, como resultado de la recuperación del saber de Grecia y Roma, caracterizado por el disciplinarismo pedagógico.

En nuestro continente con la llegada de los europeos en el siglo XVI la Iglesia jugó un importante papel en la educación de los pueblos aborígenes, a través de la religión se logró manipular a la población y durante mucho tiempo trabajó conjuntamente con los monarcas e incluso con los gobiernos para obtener un poder inmenso.

Ya en la etapa contemporánea las actuales políticas educativas se caracterizan por la constante búsqueda de recusos pedagógicos para potenciar plenamente las capacidades intelectuales del ser humano, estas políticas son organizadas y controladas por el Estado.

En los siglos XIX y XX con la aparición de los Estados Liberales se inició la transformación de las relaciones del Estado con la educación, apartando a la Iglesia del poder y la manipulación; con la democracia liberal, la educación se consolida como derecho fundamental y social que exige la intervención activa del Estado (^{Barraza & Barraza, 2016}).

Durante todo este tiempo las políticas públicas estuvieron en manos de los grupos que ostentaban el poder (^{Franco, 2014}; ^{Treviño, Villalobos & Baeza, 2016}), por lo que éstas han respondido de una manera u otra a los intereses de la clase dominante a pesar del apelativo democrático.

Situación no alejada de la realidad del Ecuador; sin embargo, durante la presidencia de Vicente Rocafuerte (1835-1839), las políticas públicas basadas en ideas liberales y republicanas, se centraron en la educación pública para los aborígenes e inclusive para las mujeres, brindando a los grupos socialmente excluidos una oportunidad de libertad a través de la educación.

A partir de este momento podemos caracterizar la educación del país como un proceso sin cambios transcendentes, las presidencias de Rocafuerte, García Moreno, Eloy Alfaro, Alberto Enríquez Gallo y Arosemena no insertaron las políticas en planes integrales para asegurar su orientación unificada, ni se concretaron políticas educativas con un sentido técnico/operacional, existiendo un desequilibrio entre los avances experimentados por la ciencia y la tecnología y los contenidos curriculares.

No es hasta las primeras décadas del siglo XXI, que se inicia un proceso de cambio en las políticas educativas, se crea un marco legal regulatorio de éstas que tiene como piedra angular la Constitución de la República del 2008.

Podemos decir que el sistema educativo ecuatoriano ha transitado por dos etapas, la primera caracterizada por políticas educativas centradas en la alfabetización y en la actual, enfocada en una educación intercultural e inclusiva y en formar personas con pensamiento crítico-reflexivo que participen activamente en su rol de ciudadanos.

A pesar que la educación es un derecho humano fundamental, y por lo tanto debe ser asumido de forma democrática, durante largo tiempo, y aún en día, en muchos países las políticas públicas son diseñadas sin una participación activa de la ciudadanía (^{Beech & Meo, 2016}); son manejadas como políticas de gobierno, ocasionando la fragmentación de la gestión educativa, impidiendo la sistematización de un plan a largo plazo, al no existir una secuencia entre las políticas de los gobernantes que se suceden.

Estas políticas siguen ancladas en el paradigma ortodoxo del estado-nación, por lo cual se ha distorsionado el papel ciudadano como centro de análisis y participación, desconociendo las nuevas perspectivas de la sociología-política y cosmopolita, donde son importantes quiénes participan, cómo participan, con qué objetivos, cuáles son los intereses en juego, quién gana y quién pierde.

Curiosamente, por otra parte, existe una tendencia a direccionar las políticas educativas al cumplimiento de los lineamientos de organismos e instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tienen entre sus objetivos contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Pero también en estas políticas influyen las empresas multinacionales, que usan mecanismos de mercado para abordar problemas sociales, donde intervienen factores económicos, ocasionando el desequilibrio entre los fines educativos y los financieros, inclinando la balanza hacia estos últimos.

Lo que no en pocas ocasiones ha ocasionado el recorte presupuestario para la gestión educativa, el cierre de escuelas públicas, la asimetría entre la enseñanza pública y privada, entre otros males.

Lo que evidencia el olvido de que las políticas públicas implican la adecuación de mecanismos participativos en todas las etapas de su ciclo: planificación, ejecución, seguimiento y evaluación (^{Pastor, 2015}); así como la consideración de que en todo proceso democrático la participación ciudadana es un elemento primordial, mediante el cual la población, comparte las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e inciden en ellas.

La participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática a través de la cual el ciudadano común puede y debe participar ya sea individual o colectivamente en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental (^{Pastor, 2015}). Cabe entonces preguntarnos, ¿cuál ha sido la situación de la participación ciudadana en las políticas educacionales en nuestro país?

La participación social aparece como un componente central de la política pública y como un nuevo ámbito de la institucionalidad pública a partir de los procesos de redefinición institucional que se dieron durante las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo.

En los años 80 se experimenta en el Ecuador modificaciones en los procesos de intermediación entre la sociedad y el Estado, a la vez que se produce la descentralización y desconcentración de la gestión pública, contexto en el cual emerge la participación social como alternativa de representación política; se producen importantes procesos de movilización ciudadana de desconfianza hacia la representación política desde una perspectiva tecnocrática e instrumental.

Ya en los años 90, esta postura de los movimientos sociales evoluciona hacia una participación con un concepto político más afín a los parámetros de un tipo de democracia directa y participativa, donde son los actores sociales los que toman acción en los procesos de decisión de la gestión política en busca del mejoramiento social.

En los primeros años de la actual centuria se produce en nuestro país un hecho sin precedentes de participación ciudadana, la proclamación de la Constitución de la República en el 2008; donde en ejercicio democrático fue consultada a la población y posteriormente aprobada, y con ella las legislaciones que fundamentan el sistema de educación del país.

Este hecho inédito antes en el Ecuador, constituye un hito de participación ciudadana activa en las políticas públicas de la nación; que demuestra, al margen de cualquier limitación, que cuando existe voluntad política, se pueden propiciar los espacios, formas y medios necesarios.

Ahora bien, para promover la participación ciudadana se requiere por parte del Estado generar la institucionalización de la misma, favoreciendo la capacidad de organización colectiva y potenciando los márgenes de poder de la sociedad para implicarse en la acción pública y generar los mecanismos institucionales que aseguren el cumplimiento pleno del derecho a la participación a la sociedad civil (^{Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012}).

Al respecto se han promulgado normas como la Ley Orgánica de participación ciudadana (2010), con el objetivo de “propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social”. (Ecuador. Asamblea Nacional, 2010)

En este artículo se recoge el propósito del Estado ecuatoriano por fomentar la participación ciudadana; pero para lograrla se impone la preparación de la ciudadanía, lo que también es preocupación del Estado, así lo demuestra al disponer en el propio articulado de esta ley que “el Estado fomentará la participación ciudadana a través de sus instituciones, en todos los niveles de gobierno, mediante la asignación de fondos concursables, becas educativas, créditos y otros, a fin de que, las organizaciones sociales realicen proyectos y procesos tendientes a formar a la ciudadanía en temas relacionados con derechos y deberes, de conformidad con la Constitución y la ley”. (^{Ecuador. Asamblea Nacional del Ecuador, 2010})

Sin embargo, en la actualidad, la democracia latinoamericana ha incrementado la brecha entre lo social y lo político, expresado en el fomento de la sociedad civil (lo privado), como negación del Estado; y por lo tanto, como negación de la política que a su vez se manifiesta en la reducción del papel de las instituciones públicas y sus actores, en la administración de la participación política y la funcionalización (^{Escobar, 2017}). Realidad que es preciso no irradie sus influencias al actual contexto político ecuatoriano como factor de involución en la aún limitada participación social.

Como ya hemos apuntado, en los últimos años, el Estado ecuatoriano ha creado un marco legal para la implementación de políticas públicas, la promoción de programas e iniciativas para que a partir de la escuela se enfrenten otros problemas sociales como la violencia, la pobreza, el hambre, la desnutrición; así como las sustanciosas inversiones que se han depositado para mejorar la infraestructura de los centros educacionales (^{Chávez, 2017}). Así encontramos que en la Carta Magna ^{Ecuador. Asamblea Nacional. (2016)} se consagra la participación social en las políticas educativas, al expresar que:

“En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para:

Postulado que es concretado a través de la promulgación de leyes y códigos como la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el 2010 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (^{Ecuador. Asamblea Nacional, 2011}) como sistematización de las legislaciones constitucionales.

De esta forma en la LOEI se estipula como uno de los principios de la educación la participación ciudadana: “La participación ciudadana se concibe como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva”. (^{Ecuador. Asamblea Nacional, 2011})

Es importante poder lograr la formación ciudadana en este sentido, particularmente de los miembros de la comunidad educativa, que de manera directa están involucrados en el sistema educacional, por lo que su participación es decisiva para contribuir a elevar la calidad y eficiencia del proceso educativo (^{Espinoza & Tinoco, 2016}).

La participación de la familia es fundamental para la toma de decisiones; es preciso que expongan sus ideas, opiniones y criterios sobre la educación que desean para sus hijos y cómo desean que sea el futuro del país.

De igual manera el estudiantado es considerado un actor clave dentro de los procesos participativos relacionados al ámbito educativo. Al brindar sus criterios en cuanto a la forma que desean ser educados, estos sirven de retroalimentación sobre la implantación de las políticas educacionales, para lo cual es preciso que se sensibilice, reconozca y practique el proceso democrático de organización social en pro de sus derechos y cumplimiento de sus deberes para la mejora de los ambientes de convivencia escolar y optimizar el buen uso de los bienes públicos (^{Ecuador. Ministerio de Educación, 2019}); por otro lado, este proceso participativo sirve de formación de la conciencia ciudadana de las nuevas generaciones de ecuatorianos.

Por su parte, los docentes y directivos deben aplicar las disposiciones establecidas de forma crítica y reflexiva, contribuir al mejoramiento de las políticas implementadas y controlar su cumplimiento.

A pesar de las políticas educativas existentes, aún es limitada la participación de los miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía en general, en la contribución de ideas, acciones y control de estas, para que así respondan a los intereses y necesidades de los ecuatorianos; participación que debe transitar por la preparación de la sociedad para que practique este derecho de manera activa en la gestión educativa (^{Chávez, 2017}).

Conclusiones

Las políticas públicas en el plano educativo son las leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que dan forma a la doctrina pedagógica y fijan los objetivos, que política o moralmente constituye una necesidad o un deseo para la sociedad o el Estado; así como los procedimientos necesarios para alcanzarlos y resolver los problemas específicos de la educación.

En el contexto ecuatoriano son instrumentos del Plan Nacional para el Buen Vivir, que precisan de la participación ciudadana. El sistema educativo en el Ecuador ha transitado por dos momentos, el primero caracterizado por políticas educativas centradas en la alfabetización y la actual, enfocado en una educación intercultural e inclusiva y en formar personas con pensamiento crítico-reflexivo que participen activamente en su rol de ciudadanos. ^{Ecuador. Asamblea Nacional del Ecuador. (2011)}

En el país existe un marco legal, que fundamenta la participación ciudadana en las políticas públicas y en particular en las educativas, que tiene como piedra angular la Constitución de la República de 2008, sistematizada a través de leyes como: Ley Orgánica de participación ciudadana, Ley Orgánica del Consejo de participacion ciudadana y control social, la LOEI, la LOES, entre otras.

A pesar de este marco legal, aún es limitada la participación de los miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía en general, en la contribución de ideas, acciones y control de estás políticas, para que así respondan a los intereses y necesidades de los ecuatorianos; participación que debe transitar por la preparación de la sociedad para el ejercicio democrático de este derecho, de manera activa.